En las últimas semanas, la opinión pública ha conocido de la consignación de varios funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por diferentes casos de corrupción.
Altas tarifas, opacidad en la definición de las mismas, altos costos, cobros locos y múltiples circunstancias conforman el desbarajuste y caos que caracterizan el funcionamiento de esta paraestatal, a partir de la abierta y descarada privatización de la energía eléctrica en nuestro país.
Los negocios turbios afloran cada día en perjuicio de los ciudadanos y las arcas nacionales. Baja California no es la excepción, en donde Sempra Energy ha sentado sus reales, con la complicidad de funcionarios federales y estatales, que le han permitido toda clase de tropelías.
El periodista bajacaliforniano Fausto Ovalle, director del diario electrónico http://la-ch.com/, ha realizado sendos trabajos de investigación sobre las actividades de esta trasnacional y su relación con las dependencias federales y estatales.
En este caso ha demostrado mediante un estudio riguroso cómo la CFE ha regalado a Sempra Energy 23 millones de dólares, a causa de convenios lesivos para el patrimonio nacional en donde durante nueve años la paraestatal compró gas natural a Sempra Energy, mucho del cual no utilizó, y lo revendió a la trasnacional de marras a un costo 20 por ciento menor del que lo había adquirido.
Señala el estudio que en 1998 Sempra Energy, a través de su filial Gasoducto Rosarito S de RL de CV, obtuvo el contrato para el suministro de gas natural para la Termoeléctrica Presidente Juárez de Playas de Rosarito, en el cual se incorporaba el concepto “take or pay”, que significa la obligación a la CFE de pagar un consumo mínimo, aunque no utilizara la totalidad del gas natural de importación adquirido.
Del año 2000 al 2009 la CFE tuvo un sobrante de gas natural que revendió a Sempra Energy a un precio más barato. Al finalizar el contrato, la CFE tuvo pérdidas por 23 millones de dólares, señala la investigación realizada.
En el año 2000 la CFE compró a Sempra 339 mil 544 gigacalorias por las cuales pagó 50 millones 805 mil 622 dólares. En la transacción de reventa la CFE vendió esa misma cantidad de gigacalorías a un precio de 42 millones 535 mil 56 dólares. Sólo en esta operación la CFE pierde 8 millones 270 mil dólares. Es decir, el juego consiste en comprarle caro el gas a Sempra y revendérselo barato. ¿Así, o más sinvergüenzas?
Con datos obtenidos en el Instituto Federal de Acceso a la Información se detalla que al finalizar el año 2009 la CFE con este sistema de “comprar caro y vender barato” la energía le había revendido a Sempra Energy 4 millones de gigacalorías. Pagó por el gas 159 millones 776 mil dólares y revendió a la misma trasnacional en 136 millones de dólares 157 mil dólares, lo que significa una pérdida de 23 millones de dólares, que a la cotización actual asciende a una cantidad aproximada de 320 millones de pesos
En el año 2006, la Auditoría Superior de la Federación detectó las irregularidades y recomendó acciones para evitar las pérdidas millonarias. El informe de ese año detalla que la CFE pagó 2 mil 124 millones de pesos a la empresa Gasoducto de Rosario, filial de Sempra, por concepto de adquisición de gas natural. En los meses de marzo, abril, junio, septiembre, octubre y noviembre del mismo año, la CFE revendió (barato) a la misma trasnacional el gas que ésta le había vendido (caro), perdiendo en la operación 2 millones 186 mil 315.22 dólares, IVA incluido (23 millones 478 mil pesos), especifica el informe de la ASF.
El desfalco a las arcas nacionales en 2006 se produce porque la CFE revendió en 83 millones de pesos un volumen de gas por el que había pagado 106 millones de pesos a la trasnacional. Este tipo de trácalas se producen gracias al contrato leonino SDG-07/98 firmado entre la CFE y la empresa filial de Sempra, donde se estipula la compra de un volumen de gas que la paraestatal no estaba en condiciones de cumplir, por lo que se obligaba a revender el mismo a la trasnacional suministradora a un precio más barato.
En el informe de la ASF se establece textualmente lo siguiente: “Cabe señalar que las condiciones de nominación en firme están enmarcadas en la práctica internacional del concepto ‘take or pay’, definido como un contrato de compraventa en el que el comprador (CFE) queda obligado a pagar por la nominación efectuada, aunque no haya consumido la totalidad del gas de importación, en la fecha prevista”. Es decir, la famosa “práctica internacional” es “jódanse a los que se pueda, con lo que más puedan”. Para resarcir esta pérdidas al erario están las alzas de las tarifas eléctricas, las cuales en Baja California tienen un costo alrededor del doble que en los estados de California y Texas, donde el precio del kilovatio-hora ronda los 14 centavos de dólar, aunque el gas natural haya bajado de precio en 55 por ciento, que no se refleja en las tarifas eléctricas en Baja California.
Además de lo anterior, cabe señalar que en una clara maniobra por proteger a las trasnacionales que hacen negocio con el gas de importación, el Estado mexicano las exenta con el pago de aranceles, en cambio a los nacionales que quisieran explotar el gas en territorio mexicano se les imponen altísimas tasas impositivas, con el evidente propósito de desestimular la competencia que le pudieran generar a los nuevos mandarines extranjeros apropiados de la distribución del gas y la energía en detrimento de las instituciones mexicanas.
Este tipo de prácticas son las que en los hechos han mandado al diablo a las instituciones. Lo demás es lo de menos.
Fuente: La Jornada
