Ha provocado muertes por contaminación y ordenado asesinar a opositores, asegura Luis AbarcaContra la voluntad de los eji- dos donde se instaló, la compañía de origen canadiense Blackfire explota minas de barita en el municipio chiapaneco de Chicomuselo, con lo que ha provocado enfermedades en personas y animales por la contaminación que generan en el agua sus métodos de trabajo, y sus responsables han ordenado el “asesinato” de quienes se oponen a sus actividades.
José Luis Abarca, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, explicó en qué forma la empresa ha afectado las comunidades de Grecia y Nueva Morelia desde 2005, año en que se instaló con promesas de ayuda que sólo se cumplieron a medias.
“Al principio llegaron a hacer convenios con los ejidos, como componer las carreteras, poner estanques de agua potable y dar fuentes de trabajo. Compraron 10 hectáreas en los ejidos, y el gobierno del estado dijo que iba a dar ayudas para agricultura y ganadería”, explicó el activista en charla telefónica con La Jornada.
Sin embargo, la empresa y las autoridades sólo cumplieron sus promesas de forma parcial, y ello, sumado a los daños que está causando Blackfire al medio ambiente del lugar, causó el enojo de los pobladores.
“Los arroyos de la comunidad quedaron sepultados, la tala de árboles fue muy severa, y debido a la inclinación del sitio, el terreno es peligroso por los deslaves. Las minas utilizan barrena y dinamita para trabajar, además de mucha agua, y eso es un riesgo para nosotros, porque se forma óxido de barita que puede contaminar el líquido”, señaló.
Según Abarca, hace tres años ya hubo un episodio de envenenamiento masivo de animales, y hay registro de muchas personas con enfermedades gastrointestinales, aparentemente por el agua sucia que han dejado las actividades de la mina, que se ha negado a responsabilizarse de la situación.
La lucha de resistencia contra Blackfire, iniciada desde hace seis años, se reavivó luego que la compañía supuestamente ordenó el “asesinato” del padre de Abarca, ocurrido el 27 de noviembre de 2009, luego de una serie de actos de intimidación, afirmó el activista.
“En 2008 mi padre y yo tuvimos un altercado con trabajadores de la empresa, a quienes los mandaron a golpearnos. Pusimos una denuncia, sin embargo las autoridades se corrompieron y no le dieron seguimiento. Ya en 2009, en el centro de Chicomuselo, un grupo de personas lo mataron afuera de su casa, y tenemos testigos de eso”, subrayó.
Por el momento, las actividades de la mina están suspendidas, pero no por los daños causados al medio ambiente, sino por la ampliación de un camino que utiliza en los ejidos. “Nosotros seguimos en la lucha para que responda por lo que ha hecho. Se han puesto denuncias en México y en Canadá, y la familia sigue pidiendo que se haga justicia”, aseveró.
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada p.25
Periódico La Jornada p.25
